La iniciativa reduce plazos y elimina trámites administrativos, con el objetivo de enfrentar el hacinamiento y mejorar la infraestructura penitenciaria del país.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que agiliza la construcción y ampliación de establecimientos penitenciarios, dejando la iniciativa en condiciones de convertirse en ley. La norma permite que los proyectos definidos por decreto del Presidente de la República se desarrollen mediante procedimientos más expeditos, reduciendo los tiempos y costos asociados. La medida busca responder al déficit de centros penitenciarios, disminuir el hacinamiento, mejorar las condiciones de reinserción y reforzar la seguridad pública.

Entre las principales enmiendas aprobadas por el Senado se incluyen plazos máximos para la emisión de informes por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la exención del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para obras de ampliación o reparación y la reducción a la mitad de los plazos para construcción de nuevos recintos. Los procesos de participación ciudadana se limitarán a personas con interés directo en los proyectos y todos los permisos y autorizaciones sectoriales deberán resolverse en tiempos reducidos, considerando la aprobación automática en caso de silencio administrativo.

Durante el debate en la Sala, la mayoría de los parlamentarios coincidió en la necesidad de aumentar los centros penitenciarios y mejorar la infraestructura existente, ubicándolos preferentemente en la periferia de las ciudades para reducir el impacto urbano y facilitar su gestión. Se valoró la eliminación de trámites administrativos y ambientales como una forma de acelerar las obras frente a la sobrepoblación que enfrentan los recintos del país, destacando además el potencial de estas construcciones para generar empleo y dinamizar la economía local.

El Gobierno, representado por el subsecretario de Justicia, destacó que la iniciativa permitirá implementar un plan maestro de infraestructura penitenciaria que agregará más de 15.000 plazas al año 2030, fortaleciendo la lucha contra el crimen organizado y la reinserción efectiva de internos. La bancada de Renovación Nacional valoró la iniciativa, resaltando la importancia de contar con cárceles rápidas, tecnológicas y bien ubicadas, capaces de separar a los líderes del crimen organizado de quienes cumplen condenas por delitos menores o prisión preventiva.