La Corte Suprema destituyó de manera unánime a Ángela Vivanco, tras confirmar un patrón de comportamiento que afecta la independencia y transparencia del Poder Judicial.
La Corte Suprema ha decidido por unanimidad remover a la ministra Ángela Vivanco de su cargo. La decisión fue anunciada por el presidente de la Corte, Ricardo Blanco Herrera, quien argumentó que Vivanco había incurrido en un comportamiento que vulnera los principios de independencia, imparcialidad, probidad e integridad que rigen la magistratura.
La destitución de Vivanco se produce tras la apertura de un cuaderno de remoción debido a irregularidades en su desempeño. Estas conductas habrían comprometido la independencia judicial y el debido proceso en varios casos gestionados por la Tercera Sala de la Corte. Los antecedentes fueron recopilados por la Comisión de Ética, que analizó las acusaciones presentadas en su contra.
Entre las irregularidades identificadas se encuentran la interferencia en la designación del Fiscal Nacional, así como en nombramientos de Conservador de Bienes Raíces en Viña del Mar y Concón. Además, se le atribuyen problemas en la tramitación de casos relacionados con Consorcio Belaz Movitec SpA. y Codelco, así como colaboraciones con el abogado Luis Hermosilla para influir en nombramientos de ministros de otras Cortes.
El proceso de investigación también reveló la entrega de información sobre casos de miembros de Carabineros y Fuerzas Armadas antes de la firma de sentencias, así como recomendaciones procesales al abogado Hermosilla. Las acusaciones incluyen también irregularidades en la tramitación de ocho causas vistas por la Tercera Sala, en las que Vivanco incumplió normas y criterios establecidos.
La Comisión de Ética había establecido un plazo de 20 días para que Vivanco respondiera a las acusaciones, pero el 16 de septiembre se incorporó un séptimo ítem a la investigación, basado en testimonios de varios relatores. Esta serie de denuncias pone en riesgo su continuidad en el Poder Judicial y destaca la necesidad de mantener la integridad de las instituciones judiciales.