La Contraloría General de la República emitió una resolución publicada en el Diario Oficial, donde se notifica a más de mil funcionarios públicos por no haber cumplido con la obligación de declarar sus intereses y patrimonio, como exige la Ley Sobre Probidad en la Función Pública. Esta omisión fue detectada tras una revisión administrativa realizada por el organismo.

La contralora subrogante Dorothy Pérez ordenó que se aperciba a todos los funcionarios involucrados para que regularicen su situación. El listado incluye los nombres y apellidos de los afectados, quienes ahora tienen un plazo de 10 días hábiles para presentar o corregir sus declaraciones.

Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, explicó que la falta de inscripción puede deberse a problemas tecnológicos al momento de realizar la declaración o a la decisión deliberada del funcionario de no cumplir con la normativa.

De no regularizar su situación en el plazo indicado, la Contraloría procederá con la formulación de cargos en el marco del procedimiento sancionatorio correspondiente, lo que podría llevar a consecuencias legales para los funcionarios involucrados.